COLUMNA
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Hoy me publican en "El Mundo Cantabria" esta columna, sobre el juicio contra Pablo Soto y los estupendísimos programas que permiten intercambiar archivos.
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Hoy me publican en "El Mundo Cantabria" esta columna, sobre el juicio contra Pablo Soto y los estupendísimos programas que permiten intercambiar archivos.
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Sinde-scargas
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Estos días se celebra el juicio que enfrenta a las discográficas Warner, Universal, Emi y Sony-BMG con Pablo Soto, el creador de herramientas como Blubster, Piolet y Manolito, programas P2P que facilitan el intercambio de archivos, es decir, que permite la comunicación y la difusión de la cultura de forma libre.
Al margen de si Pablo ya se ha hecho o no multimillonario con su empresa MP2P Technologies, me gustaría ir al fondo del asunto: la difusión libre de cultura. El único delito de Pablo es el de crear herramientas para intercambiar cualquier tipo de archivos. Y es evidente que no se puede responsabilizar a los fabricantes del uso fraudulento que hagan los usuarios. Además, le guste o no a los mercaderes culturales la actual legislación establece que no es delito la descarga de música si no existe ánimo de lucro.
Aún así, por toda Europa surgen leyes que tratan de destruir cualquier canal por el que fluya cultura y eliminar cualquier posible acceso no lucrativo a la cultura. Es la guerra total a la cultura libre y Zapatero toma posiciones; si hace poco aprobó el canon digital -por el que de partida todos somos culpables- para devolver favores políticos a ciertos artistas, ahora nombra Ministra de Cultura a Ángeles González-Sinde, una guionista cuyo objetivo, por declaraciones recientes, parece ser el de criminalizar y frenar las descargas gratuitas de contenidos protegidos e impulsar otros modos de descarga que la industria acepte ($$$). La SGAE le aplaude y se frota las manos ($$$). Por otro lado difunden términos como descargas legales e ilegales, términos cuya diferencia, según la Ley de Propiedad Intelectual aprobada en 2006, es nula porque no ilegaliza las descargas. Por lo tanto la expresión “descargas ilegales” es un engañabobos.
Yo creo en el intercambio libre de archivos como creo en el intercambio de cromos, bien sea en Internet o en la Plaza Pombo. No se ha inventado cosa más humana. Y creo que las plazas públicas e Internet no deben convertirse en hipermercados.
Supongo que si la asociación Promusicae –a la que pertenecen los demandantes-, o la propia SGAE, hubieran existido en el siglo XV habrían quemado vivo a Gutenberg por inventar la imprenta. Por su parte los telediarios y la ministra seguirán asegurando que la descarga de archivos acabará con la cultura, cuando la cultura se fortalece precisamente allí donde se difunde y comparte.
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Estos días se celebra el juicio que enfrenta a las discográficas Warner, Universal, Emi y Sony-BMG con Pablo Soto, el creador de herramientas como Blubster, Piolet y Manolito, programas P2P que facilitan el intercambio de archivos, es decir, que permite la comunicación y la difusión de la cultura de forma libre.
Al margen de si Pablo ya se ha hecho o no multimillonario con su empresa MP2P Technologies, me gustaría ir al fondo del asunto: la difusión libre de cultura. El único delito de Pablo es el de crear herramientas para intercambiar cualquier tipo de archivos. Y es evidente que no se puede responsabilizar a los fabricantes del uso fraudulento que hagan los usuarios. Además, le guste o no a los mercaderes culturales la actual legislación establece que no es delito la descarga de música si no existe ánimo de lucro.
Aún así, por toda Europa surgen leyes que tratan de destruir cualquier canal por el que fluya cultura y eliminar cualquier posible acceso no lucrativo a la cultura. Es la guerra total a la cultura libre y Zapatero toma posiciones; si hace poco aprobó el canon digital -por el que de partida todos somos culpables- para devolver favores políticos a ciertos artistas, ahora nombra Ministra de Cultura a Ángeles González-Sinde, una guionista cuyo objetivo, por declaraciones recientes, parece ser el de criminalizar y frenar las descargas gratuitas de contenidos protegidos e impulsar otros modos de descarga que la industria acepte ($$$). La SGAE le aplaude y se frota las manos ($$$). Por otro lado difunden términos como descargas legales e ilegales, términos cuya diferencia, según la Ley de Propiedad Intelectual aprobada en 2006, es nula porque no ilegaliza las descargas. Por lo tanto la expresión “descargas ilegales” es un engañabobos.
Yo creo en el intercambio libre de archivos como creo en el intercambio de cromos, bien sea en Internet o en la Plaza Pombo. No se ha inventado cosa más humana. Y creo que las plazas públicas e Internet no deben convertirse en hipermercados.
Supongo que si la asociación Promusicae –a la que pertenecen los demandantes-, o la propia SGAE, hubieran existido en el siglo XV habrían quemado vivo a Gutenberg por inventar la imprenta. Por su parte los telediarios y la ministra seguirán asegurando que la descarga de archivos acabará con la cultura, cuando la cultura se fortalece precisamente allí donde se difunde y comparte.
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